Congreso de Perú inhabilita a exministro de Salud Víctor Zamora por 10 años

Este viernes, el pleno del Congreso de la República del Perú tomó una decisión significativa al aprobar la inhabilitación del exministro de Salud, Víctor Zamora, por un período de diez años. Esta medida se enmarca en un contexto de responsabilidad por la compra de 1 millón 400 mil pruebas rápidas durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19. La votación, que se llevó a cabo de manera separada, superó los 50 votos necesarios para la acusación constitucional y alcanzó los 66 votos requeridos para la inhabilitación, según lo estipulado en el Reglamento del Congreso. La acusación fue presentada por la parlamentaria María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y sustentada por el congresista Jorge Montoya. Durante la presentación del informe final, Montoya argumentó que Zamora había omitido sus funciones al permitir la continuación de actos administrativos que no cumplían con las normativas vigentes. Se le responsabiliza especialmente por su manejo de la crisis del oxígeno en un momento crítico de la pandemia, así como por no supervisar adecuadamente la ejecución de un decreto de urgencia que regulaba la adquisición de pruebas rápidas. El informe destaca que entre el 20 y el 29 de marzo de 2020, Zamora no tomó las medidas necesarias para asegurar que las compras de pruebas rápidas se realizaran de acuerdo con la política nacional de salud, lo que puso en evidencia su supuesta negligencia. En un contexto donde la adquisición de insumos y pruebas era crucial para el manejo de la pandemia, su gestión ha sido objeto de análisis y crítica. Al respecto, Víctor Zamora se pronunció tras conocer la decisión del Congreso, calificando la medida como "arbitraria" y proveniente de un "Congreso deslegitimado". Afirmó que su inhabilitación podría abrir la puerta a acciones similares en contra de otros exfuncionarios que también desempeñaron roles críticos durante la pandemia. Zamora indicó que la acusación carece de fundamentos sólidos y se inscribe en una estrategia política para silenciar a aquellos que se consideran opositores al gobierno actual. Zamora defendió su gestión al argumentar que el país no estaba adecuadamente preparado para afrontar la crisis sanitaria. Según su versión, el Perú debería haber contado con decenas de laboratorios y recursos suficientes para realizar pruebas moleculares, pero la realidad fue muy diferente. Resaltó que el país había logrado adquirir solo 10 mil pruebas moleculares, de las cuales efectivamente recibió una cantidad muy reducida, lo que complicó la respuesta ante la emergencia sanitaria. El exministro también comentó que las decisiones en la gestión pública son complejas y delicadas, especialmente en tiempos de crisis. Aseguró que, a pesar de la crítica que ha recibido, actuó dentro del contexto de una emergencia que demandaba respuestas rápidas y eficaces, y que ello implicaba tomar decisiones difíciles. Zamora subrayó que las circunstancias lo llevaron a optar por la adquisición de pruebas rápidas, ante la falta de recursos adecuados. El pronunciamiento del Congreso ha generado divisiones en la opinión pública, donde algunos ven la inhabilitación como un acto necesario de rendición de cuentas, mientras que otros la consideran una estrategia política para deslegitimar a ciertos actores del gobierno anterior. Este evento pone de relieve no solo la fragilidad de la política en el país, sino también el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la gestión pública y en la percepción de la autoridad. En este contexto, la situación de Víctor Zamora refleja la difícil relación entre la política y la gestión pública en tiempos de crisis. La inhabilitación se suma a una serie de cuestionamientos sobre cómo se manejaron los recursos y decisiones durante la pandemia, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la confianza de la ciudadanía hacia sus líderes políticos. Por otro lado, el Congreso también discute actualmente el dictamen de la Nueva Ley Agraria, lo que añade otra capa de tensión a la agenda legislativa. La atención del público está dividida entre el análisis del caso de Zamora y los posibles cambios que se avecinan en el sector agrario, lo que podría impactar de manera significativa a los agricultores y la economía rural del país. En conclusión, la inhabilitación de Víctor Zamora es un claro ejemplo de cómo la política peruana continúa enfrentando retos en términos de gobernabilidad, responsabilidad y el manejo de las crisis. La decisión del Congreso no solo es un reflejo de una lucha interna por el poder, sino también de las consecuencias que la pandemia ha dejado en la estructura política y social del país. La respuesta a estas decisiones y las repercusiones que tendrán en el futuro seguirán siendo tema de debate en la sociedad peruana.